La sentencia refleja que en el establecimiento se vendían ordenadores a los que se incorporaban reproducciones ilegales del sistema operativo de Windows XP y paquete Office XP, propiedad de Microsoft.
Las acciones legales emprendidas por Microsoft contra los distribuidores de software ilegal forman parte del Plan de Protección del Cliente de Windows que recientemente puso en marcha la compañía. Antes de iniciar cualquier proceso judicial, la compañía se pone en contacto con el distribuidor para informarle acerca de los riesgos que entraña esta práctica ilegal y hacerle saber que distribuir software ilegal supone un delito contra la propiedad intelectual.
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