Tras oír los argumentos de ambas partes, el juez Von Finkelstein decidió suspender la vista hasta el próximo 12 de marzo para recabar más información sobre las cuestiones técnicas del caso. La CRIA, que representa a las mayores compañías discográficas del país, argumenta que el intercambio de archivos musicales en formato MP3 –que faculta reducir su tamaño en una magnitud que permite descargarlos de forma cómoda a través de Internet– ha causado al sector pérdidas de 350 millones de dólares desde 1999. La caída de ingresos ha provocado el despido del 20 por ciento de la fuerza laboral del sector, añadió la asociación de la industria discográfica.
En EEUU, la RIAA (que agrupa a las compañías discográficas del país) consiguió que las autoridades judiciales obligasen a los proveedores de Internet a divulgar la identidad de usuarios de redes de pares, lo que permitió demandas por valor de miles de dólares contra individuos que distribuyen música. Sin embargo, la industria de la música estadounidense sufrió un duro revés a mediados de diciembre pasado cuando tres jueces del tribunal de apelaciones de Washington decidieron frenar la campaña de las discográficas que obligaba a los proveedores de acceso a la red a facilitar la identidad de los clientes acusados de piratear música.
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