Un establecimiento de informática de Barcelona condenado por no respetar la propiedad intelectual de Microsoft

El Juzgado de lo Penal nº 5 de Barcelona ha condenado a un establecimiento informático de Barcelona por un delito continuado contra la propiedad intelectual, previsto y penado en el artículo 270, 1º y 74 del Código Penal.

El técnico de la empresa Arts Informática SA ha sido condenado como autor responsable de un delito contra la propiedad intelectual, a que se refiere la acusación formulada por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, concurriendo la circunstancia atenuante analógica del artículo 21,6 por referencia al artículo 21,4 de reparación del daño causado, y aceptada por la defensa, a la pena de quince meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y dieciocho meses de multa con una cuota diaria de cuatro euros, lo que supone un montante de 2.160 euros, con las responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, así como a las costas procesales. Asimismo, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión por un período de dos años, condicionada a no delinquir en tal período, acordando igualmente el fraccionamiento de la multa en 18 plazos de 120 euros mensuales.

La sentencia refleja que la empresa Arts Informática SA poseía, con intención de instalarlos en los ordenadores de los clientes que así lo solicitaran, 8 soportes digitales de grabación (CDs) con el sistema operativo Windows, propiedad de Microsoft, en diversas ediciones, algunas de ellas modificadas, incluyendo el número de serie, y otros 2 soportes digitales (CDs) en los que en idénticas condiciones se contenía la aplicación Office, también propiedad de Microsoft. Cuando la instalación le era solicitada, el técnico de Arts Informática procedía a realizarla sin que se abonase importe alguno a Microsoft, ni se pagaba la licencia y con el objetivo de que esta instalación ilegal no fuera descubierta, no se incluía en la factura.

Las acciones legales emprendidas por Microsoft contra el distribuidor de software ilegal forman parte del Plan de Protección del Cliente de Windows de la compañía. Antes de iniciar cualquier proceso judicial, Microsoft se pone en contacto con el distribuidor para informarle acerca de los riesgos que entraña esta práctica ilegal y hacerle saber que distribuir programas sin licencia supone un delito contra la propiedad intelectual.