Según los últimos datos de la Business Software Alliance (BSA), el 46% de los programas instalados en los ordenadores españoles son ilegales o piratas. Una realidad que afecta a la productividad de nuestras empresas y al desarrollo económico de nuestro país. Esta cifra está 10 puntos por encima de la media europea y en España, además, se da la peculiaridad de que se acompaña de un índice de piratería similar en el propio canal de venta.
Uno de los principales perjudicados de esta situación es el consumidor. Además de la destrucción de empleos asociada a este problema o de las pérdidas económicas con que lastra al sector o a la propia Administración, todos los años se venden en España 100.000 copias ilegales de Microsoft Windows. Versiones del sistema operativo que han sido compradas por usuario final y pequeñas empresas que han pagado su licencia y que no saben que sin embargo se han llevado a casa o a la oficina un programa pirata.
Para paliar esta situación, Microsoft ha puesto en marcha su “Plan de Protección del Cliente de Windows”. Entre sus objetivos persigue concienciar a consumidores y distribuidores informáticos acerca de este problema y ayudar al comprador a identificar fácilmente las copias originales de las piratas. Esta iniciativa, en la que la compañía invertirá cerca de 500.000 euros en los próximos cinco meses (sin tener en cuenta lo invertido ya en innovación y tecnología), se basa en tres pilares: Formación, al cliente y al distribuidor informático; Acción Legal; e Innovación Tecnológica.
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