El 29 de mayo, el parlamento europeo ha de pronunciarse en *segunda lectura* sobre la modificación de la Directiva europea que atiende a la protección de datos personales en las comunicaciones electrónicas [2]. La Comisión había aprobado el 18 de abril el informe [3] del diputado Marco Cappato. Este se oponía a las decisiones del Consejo europeo [4], recordando dos puntos esenciales: el periodo de almacenamiento de los datos de las conexiones electrónicas no debe exceder los plazos necesarios con fines de facturación y las eventuales restricciones a las garantías de la Directiva, cuando la seguridad pública esté en juego, deben ser apropiadas, proporcionadas y de duración limitada.
En la Carta dirigida al Parlamento, las ONG y los colectivos internautas recuerda que "si la lucha contra el terrorismo es legitima, no debe en ningún caso justificar medidas atentatorias contra los derechos fundamentales de los Estados democráticos" que son el derecho a la vida privada, intimidad, a la libertad de expresión y a la presunción de inocencia.