La demanda asciende a 150.000 euros por cada uno de los títulos difundido de forma ilegal, que es la máxima que recoge la ley de 1998 relativa a la protección de derechos de autor en el sector musical.
El presidente de RIAA calificó a estos sistemas de archivos de intercambio de ficheros organizados en el seno del campus como una especie de Napster local, haciendo referencia a la plataforma gratuita que fue cerrada por orden judicial en junio de 2001. Según los responsables de la universidad de Princeton, las universidades cuyas redes informáticas han sido utilizadas no deberían ser consideradas responsables de las actuaciones de sus alumnos.
Según la ley, la universidad sólo proporciona a sus alumnos unos servicios, por lo que no tienen la obligación legal de vigilar permanentemente sus redes.