PDF de programación - El papel de la comunidad como promotora del Software Libre en el Estado

El papel de la comunidad como

promotora del Software Libre en el

Estado
Daniel F. Moisset

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El siguiente artículo describe la importancia que el Software Libre (SL) puede y debe tener para organizaciones
gubernamentales. Se destaca como el Software Libre es necesario para garantizar la privacidad, perennidad y seguridad
de la información de los ciudadanos. Además se explican otros beneficios adicionales del Software Libre de índole
técnica, económica y social.

Posteriormente, se analiza la posición que puede adoptar la comunidad Linux y de Software Libre para promover
exitosamente políticas de implementación de SL en el Estado, y se ejemplifica con el trabajo que está realizando en
Argentina la comunidad de "Proposición" [1].

Finalmente se extraen conclusiones orientadas a personas interesadas en crear este tipo de comunidades, y participar
en ellas.

Tabla de contenidos

1. El rol del SL en el Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Las comunidades como promotoras del SL en el Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Ejemplo: El caso argentino y "Proposición"
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4. Conclusiones
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5. Referencias

1. El rol del SL en el Estado

1

Actualmente, las organizaciones gubernamentales (nacionales o locales), hacen un uso cada vez más intensivo de
la informática como herramienta para manipular información. Estas entidades manipulan y almacenan enormes
volúmenes de información, información que usualmente proviene de los ciudadanos.

En un Estado de derecho, el gobierno entonces toma el papel de salvaguardar la información que pertenece a los
ciudadanos, y recae sobre él la responsabilidad de proteger los derechos de estos. Para ello, deben garantizarse varios
factores al manipular la información:

• Seguridad

• Perennidad

• Privacidad

Por seguridad se entiende evitar que la información sea adulterada por personas o instituciones no autorizadas a
hacerlo. Por ejemplo, evitar que alguien cambie los resultados en sistema de conteo de votos informatizado.

Por perennidad se entiende garantizar a las personas e instituciones autorizadas el acceso a la información durante toda
su vida útil. Esta vida útil, para la información que manejan los Estados, suele medirse en decenas de años o más.

Por privacidad se entiende garantizar que el acceso a la información en cuestión será posible solo para las personas e
instituciones autorizadas.

Para poder garantizar la seguridad y privacidad, es necesario conocer en detalle el funcionamiento del sistema de
procesamiento de datos y poder fiscalizarlo (donde sistema se refiere al hardware y al software, tanto sistema operativo
como aplicación). Para ello es necesario tener los planos del hardware y el código fuente del software. Si no se dispone
de estos, se corre el riesgo de exponer la información de los ciudadanos a errores de seguridad en el sistema, y a accesos
no autorizados en forma de puertas traseras ("backdoors") instaladas maliciosamente en el sistema por sus creadores
(por ejemplo, [2]). La necesidad de fiscalización hace que también sea necesario que el código sea altamente visible,
ya que la complejidad de los sistemas informáticos impide la fiscalización efectiva por grupos pequeños de personas.
La disponibilidad pública del código permite un máximo nivel de control y fiscalización, dificultando enormemente
la inserción de puertas traseras en el sistema. Si el código se difunde ampliamente hace más propbable la detección
de problemas de seguridad involuntarios (aunque no imposible). Por último, es necesario poder corregir fallas de
seguridad descubiertas en tan poco tiempo como sea posible sin depender de una persona o entidad fija.

Para poder garantizar la perennidad, es necesario almacenar la información en un formato cuyo acceso no dependa de
una sola persona u organización. Por ello, el Estado debe almacenar su información en un formato estándar y que no
posea limitaciones de uso o patentes, para que sea posible en el futuro cambiar de proveedor de software si el anterior
desaparece o intenta imponer sus condiciones al acceso de la información del ciudadano almacenada en su formato
propietario o patentado.

De esta forma vemos que el Estado necesita en el software que usa:

2

• Acceso al código fuente

• Posibilidad de ejecutar el programa en cualquier condición (para verificar su seguridad).

• Autorización para modificar este código, o encargar modificaciones a terceros a elección del Estado.

• Código fuente público (para garantizar la máxima fiscalización efectiva posible).

• Uso de formatos estándares y abiertos.

Puede verse que las características descriptas anteriormente se corresponden de forma casi directa con las libertades
que definen al Software Libre [3], y estas superan ampliamente a las libertades usualmente permitidas por las licencias
propietarias (Incluyo aquellas que permiten acceso limitado al código fuente). Lo expuesto anteriormente explica
porque los Estados deben usar Software Libre (o con restricciones mínimas) para garantizar los derechos de sus
ciudadanos en el manejo de la información.

Anteriormente se mencionó que también es necesario poder acceder y modificar los planos del hardware donde
se procesan datos. Este problema es actualmente mucho más difícil de tratar en la práctica, ya que no hay gran
disponibilidad de Hardware Abierto, y que el hardware no es tan facilmente modificable como el software. Aunque el
problema es igualmente importante, no es tratado en este artículo.

El uso de SL en el Estado no sólo es una necesidad, sino también una realidad alcanzable utilizando los medios
actualmente disponibles. Existen muchas entidades gubernamentales que están actualmente utilizando SL o migrando
sus sistemas [4].

Además de satisfacer las condiciones expuestas previamente, usar SL en el Estado tiene algunas ventajas adicionales:

• El uso de formatos abiertos (lo usual en el SL) aumenta la interoperabilidad, lo que es importante en el Estado,
donde hay varias suborganizaciones autónomas pero que necesitan intercambiar datos.

• El uso de formatos abiertos en el Estado además fomenta el uso de estos entre los ciudadanos, lo que promueve
la creación de un mercado abierto y competitivo, donde un productor de software tiene dificultades para crear un
monopolio secuestrando la información de sus usuarios en un formato propietario.

• Existe una tendencia en el SL a ser más confiable que su contraparte propietario. Esto no es una propiedad
inherente del Software Libre, pero hay motivaciones para creer que es lo usual, además de estudios estadísticos [5]
respaldando esta afirmación. Además de estabilidad, es frecuente que el SL sea más escalable, integrable y que
evolucione más rápidamente.

3

• El SL usualmente es menos costoso a largo plazo, ya que se evita el ciclo permanente de actualización y compra
de nuevas licencias usual con el software propietario. Hay un costo alto inicial a corto plazo de reentrenamiento de
personal y migración, pero aún así no es mucho más alto que los costos de licencias para los sistemas "high-end"
que usualmente utiliza el Estado.

• El SL permite competitividad en el desarrollo y mantenimiento de software, reduciendo así los costos de
manutención, haciendo que esta tenga ciclos más breves (por no dependerse de un solo fabricante), y permitiendo
elegir a la persona más capacitada para el trabajo.

• El Estado puede utilizar técnicos locales en vez de depender del productor de software (usualmente transnacional)
favoreciendo el desarrollo tecnológico local, y promoviendo la independencia tecnológica.

2. Las comunidades como promotoras del SL en el Estado

Aunque el uso de sistemas informáticos para procesar y almacenar la información del Estado esta hoy en día
ampliamente difundido, es un fenómeno bastante nuevo. Está expansión veloz que ha tenido la tecnología digital
es una de las causas por las cuales ningún Estado tiene políticas específicas a los problemas que deberían tenerse en
cuenta al usar tecnología para manipular la información de los ciudadanos.

Existen pocos políticos informados sobre la problemática presentada en la sección anterior, debido a lo nuevo que es el
problema, y debido a que es un problema con un amplio aspecto técnico. Dado que los derechos de los ciudadanos es
lo que se pone en juego, es importante difundir a los ciudadanos (y en especial a aquellos que participan activamente
en el gobierno y establecen políticas) acerca del problema de la información, y las formas de enfrentarlo.

Una de las peculiaridades acerca del SL, es que ha estado desde un principio asociado a una gran comunidad
internacional de personas, en general capacitada técnicamente para comprender a fondo los problemas sobre control de
la información, y muchas veces interesados por las consecuencias sociales relacionadas (uno de los motivos principales
de